Luego de que El Sol Online diera a conocer ayer la situación de discriminación que vivió el martes al mediodía Ariel Bari, quien tuvo complicaciones para acceder con su silla de ruedas a la unidad 1.007 del Metrotranvía, referentes locales en la lucha por la inclusión criticaron el hecho. Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) aseguraron que el caso implica el incumplimiento de la ley 26.378, sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Según manifestó la titular de la delegación mendocina del Inadi, Valeria Martínez, “en principio” lo ocurrido el martes al mediodía en la Estación Mendoza “implica el incumplimiento de la ley 26.378, que garantiza el igual acceso de las personas con discapacidad al transporte público”. La normativa citada no es nada menos que la adhesión de la República Argentina a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Martínez sugirió a los usuarios que vivan una situación similar: “Que se acerquen a la Delegación (Rioja 1484, Ciudad) y den su testimonio, así nosotros podemos intervenir”. Desde la Empresa Provincial de Transporte (EPTM) adelantaron que ya trabajan en un dispositivo para garantizar el acceso de personas con movilidad limitada.

Por su parte, la titular de la Dirección Provincial de Atención Integral de las Personas con Discapacidad, María Elena Pereiro de Cabutto, destacó la importancia de que la accesibilidad al trasporte público sea igual “para todas las personas, independientemente de si son discapacitadas o no”.

Este enunciado, tan sencillo como suena, no fue respetado el martes cuando personal del Metrotranvía le aseguró a un pasajero que la rampa para discapacitados no funcionaba y le sugirió que esperara la llegada de otra unidad.

Por su parte, el presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, Germán Ejarque, fue claro al señalar que el Gobierno debe “garantizar el acceso de todos”, ya sea en el transporte como en cualquier otra área.

No obstante, con respecto al Metrotranvía, Ejarque aseguró que a mediados de junio, tanto él como otras personas que integran el Consejo viajaron justamente en la unidad 1.007 y observaron las complicaciones que generaba el hecho de que las personas con movilidad reducida puedan ascender o descender de las unidades sólo parador por medio.

“En esa oportunidad le solicitamos a la Secretaría de Transporte que le dieran una solución”, explicó el titular del Consejo. Asimismo, manifestó que esperan que la situación cambie “con las nuevas duplas que llegan en marzo”.

Por su parte, Francisco Lozada, director de la EPTM, indicó que están trabajando en hacer “la adaptación de unas rampas que hay en desuso”. Las obras de adecuación son efectuadas “por personal de la propia empresa”, según indicó el funcionario. Todavía no tiene previsto un plazo para la puesta en funcionamiento de los dispositivos, aunque aclaró que están por realizar “la prueba piloto, para ver si funcionan bien”. Además, adelantó que serían “rampas externas”.

En un principio, desde la EPTM habían analizado la posibilidad de comprar elevadores, pero Lozada aclaró que “los precios eran muy altos y superaban el presupuesto de la empresa” destinado a tal fin. Sin embargo, si la opción de adaptar las rampas no tuviera el resultado esperado, fue contundente al decir que deberán “solicitar fondos para este fin”.

LOS AFECTADOS. En cuanto a los usuarios que pueden verse afectados por las complicaciones en el acceso, Cabutto aclaró que la Provincia aún “no tiene sistematizadas” las cifras, pero se estima que “la mayor cantidad de casos de discapacidad son aquellos de tipo motriz”.

Las limitaciones al acceso no sólo afectan a quienes utilizan sillas de ruedas, sino también a embarazadas, ancianos y personas con dificultad de marcha, entre otros casos. El precedente a la situación del Metrotranvía puede encontrarse en los colectivos del servicio público de transporte de pasajeros.

Sobre este punto, Ejarque recordó que, por ley, “10 por ciento de las unidades deben contar con rampas”, pero que esto “no se cumple en todos los casos”.

Los micros adquiridos en los últimos años son muy altos, lo que complica el acceso de los usuarios. No obstante, el titular del Consejo Provincial de Discapacidad precisó que todas las unidades que las empresas adquieran a futuro “deben tener dispositivos que garanticen la accesibilidad de todos los ciudadanos”.

En los casos de los colectivos que no cuentan con la rampa, muchas veces el chofer, con la ayuda de los pasajeros, asiste a la persona con movilidad limitada que desea subir. Sin embargo, todo depende de la buena voluntad de los presentes.

Fonte: el sol online

" });