Antonio Porras lleva cuatro años sin salir apenas de casa: no puede. Vive en un segundo piso, pero se desplaza en silla de ruedas. Y en su edificio no hay ascensor. Así que depende de que su hijo no trabaje ese día y pueda cargar con él. O, si la cosa se pone fea, del servicio de ambulancias. Antonio perdió las piernas hace cuatro años por diabetes. Su discapacidad le sobrevino con 63; poco antes de jubilarse de ordenanza. Desde el sofá, su voz suena desesperada: “Ni se imagina lo que es este calvario”.
Su martirio son las 36 escaleras y un peldaño adicional a la entrada del portal. Una barrera infranqueable y un lumbago seguro para Sergio, su hijo. En su edificio del barrio de Orcasitas viven cinco vecinos. Pero cuatro de ellos son jubilados, explica Antonio. Así que entre todos no suman la derrama suficiente para instalar el montacargas que le permitiría salir a la calle más a menudo. Y recuperar, de algún modo, su vida de antes: “Salir a tomar algo, lo típico”.
Tomar algo con los amigos
Algo tan típico como eso, hacer vida, es casi una odisea para 94.787 personas en Madrid. Todas ellas tienen movilidad reducida. Y, como Antonio, no se tienen que imaginar ese calvario porque lo sufren a diario. Su ejemplo es uno de los más extremos. Pero si pudiera salir con más frecuencia, se encontraría con una auténtica yinkana: aceras mal asfaltadas, bordillos insuperables, ascensores y rampas que no funcionan. O bares con el baño en el sótano. Le costaría también tomarse algo con sus amigos.
Y todo ello a pesar de que la ley dice que, para el 4 de diciembre de 2017, Madrid debe ser una ciudad accesible. Tanto los edificios de viviendas, que están obligados a realizar ajustes razonables, como los espacios públicos urbanizados. Algo que no parece factible que ocurra con 21 meses de margen. Lo admiten fuentes municipales. Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que van a ofrecer ayudas de hasta el 70%, en algunos casos, para hacer esos ajustes. Y que su voluntad es cumplir con la ley en el plazo más breve posible.
El Real Decreto Legislativo que fija ese plazo se publicó en 2013. Aquel año, el gobierno municipal que presidía Ana Botella (Partido Popular) canceló la operación asfalto de verano por falta de presupuesto. Aunque un año después la retomó para tratar de paliar el abandono de algunas calles —en su mayoría, avenidas principales—. Esa mejora no llegó hasta el barrio de Juana Buenvarón. Esta vecina de Usera, de 66 años y con poliomielitis, afirma que muchas de las grietas con las que lidia a diario llevan en su calle desde hace más de cuatro años.
Pasos de peatones
Convive con una verdadera carrera de obstáculos. Como los pasos de peatones: “Muchos de ellos no están adaptados y, aunque empiezan en rampa, acaban en bordillo. Y para mí dos centímetros son un mundo”.
Con todo, eso lo tiene más o menos controlado; también los excrementos de perro que debe esquivar. Lo peor, suspira Juana, es no saber si todo irá bien. Esto es, que la rampa del autobús funcione. Que dentro no haya ya una persona en silla de ruedas o un carrito de bebé —o ambos, si la plataforma central es amplia— y tenga que esperar al siguiente “con un frío que pela”.
Que el ascensor del Metro no esté estropeado. Que el baño de la cafetería esté a nivel de calle y pueda abrirse fácilmente. Que su silla quepa. O que su hermano Ángel pueda acompañarla y, más importante, sujetarla si la pendiente de la calle hace que la silla se le vaya. “Mi vida empieza dos horas antes, pero hay veces que ni saliendo de casa con antelación llego puntual”, se desespera Juana.
Niños que no pueden jugar
Jorge Palomero, arquitecto especialista en accesibilidad, entiende su enfado: “Pero esto no es un tema de urbanismo; es un tema de derechos sociales. Es gente que tarda más en llegar a su trabajo. O que no puede salir de casa. O son niños que no pueden jugar en un parque infantil porque no está adaptado”.
Según Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Madrid, las mayores quejas son por temas relacionados con las comunidades de vecinos, centros públicos y transporte. Y luego está la amistad, que también se resiente. “Hay muchos amigos a los que no puedo ir a ver porque en su portal hay escaleras. Algo que se solucionaría con un poco de cemento y buena voluntad”, concluye Juana.
En autobús, tren y metro
Para 95.000 personas, las esperas son más largas. El ocio más reducido. Y la vida personal más costosa. Todas ellas se desplazan en silla de ruedas. Conviven a diario con grietas, bordillos insalvables y peldaños infranqueables.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, obliga a Madrid a ser una ciudad accesible antes de que acabe 2017. A día de hoy, el presupuesto regional para la atención de personas con discapacidad es de 358 millones de euros. En cuanto al transporte, de las 301 estaciones de Metro, un 63% están adaptadas. Y hay 511 ascensores en toda la red.
Por Madrid circulan 1.900 autobuses municipales y 1.832 interurbanos; todos son accesibles. La nueva flota de la EMT cuenta ya con 130 autobuses con doble plataforma central, que permite que viajen dos sillas de ruedas. En cuanto a Cercanías, el 52% de los trenes están adaptados.
Fuente: El Pais
